martes, 30 de junio de 2015

GRECIA NO ERA ARCADIA

En 2009, en una reunión mensual de ministros de finanzas europeos, el recién llegado George Papaconstantinou intentaba explicar a sus colegas que el déficit del 3,7% con el que Grecia había prometido acabar el año se iba a acercar más bien al 13%. En realidad los déficits de los años precedentes, que las cuentas públicas mostraban en torno al 3%, habían sido realmente cercanos al 15%. Murmullos y gritos ahogados de sorpresa se extendieron por la sala, y el ministro danés resumió el sentir general: George, sabemos que esto no es culpa tuya pero ¿no debería ir alguien a la cárcel? La pregunta era, desde luego, pertinente.

Desde que en 2001, a base de falsear sistemáticamente sus cuentas, Grecia había conseguido entrar en el euro, obteniendo así la garantía incondicional de Europa (léase Alemania) para su deuda, había aprovechado para gastar a conciencia; de este modo consiguió convertir su sector público, ya de por sí hipertrofiado, en algo monstruoso. Suele ponerse como ejemplo de despilfarro a los Ferrocarriles Nacionales donde, a pesar del porcentaje de empleos de baja cualificación, el sueldo medio era de 65.000 € anuales – nos saldría más barato cerrar y proporcionar un taxi a cada uno de nuestros viajeros, había admitido un alto cargo en un arrebato de sinceridad -. Y el problema no estaba sólo en los Ferrocarriles. El sueldo medio de los empleados públicos triplicaba al de los trabajadores del sector privado. La edad de jubilación para los empleos calificados como “duros” era de 55 años para los hombres y 50 para las mujeres, y en plena orgía de derroche público más de 600 profesiones consiguieron ser incluidas entre las duras, entre ellas peluqueros, camareros, locutores de radio o músicos. Mientras tanto se creaban nuevos departamentos que permitían a los políticos colocar a sus allegados o alimentar caladeros de votos – en el ministerio de agricultura se creó una sección compuesta por 270 especialistas en fotografía digital para digitalizar las fotografías aéreas de las explotaciones agrícolas, pero desgraciadamente ninguno tenía la menor idea de fotografía digital -. Mención especial merece la enseñanza: siendo uno de los peor valorados de Europa, el sistema educativo griego tenía una ratio profesor/alumno cuatro veces superior al de Finlandia. Por supuesto los fieles servidores de la cosa pública también se beneficiaban de esta liberalidad en el gasto, y era habitual que los ministros acabaran sus carreras multimillonarios.

Y si por el lado de los gastos públicos la cosa había sido, digamos, poco seria, por el de los ingresos no había sido mejor. Sólo pagaban impuestos los infortunados sujetos a una nómina. Empresas con ingresos millonarios pagaban cero impuestos por la sencilla vía de no constituirse como empresas y, en caso de ser pilladas, sobornar al funcionario de turno. Porque una de las características del sector público griego es la de estar completamente corrompido: todo el mundo asume que, con el fin de engrasar el funcionamiento de la administración, es necesario untar al funcionario correspondiente. En 2009 la recaudación sencillamente se evaporó: era año electoral, y los políticos griegos consideran de mal gusto pedir dinero a sus votantes en esas fechas.

Con estos mimbres, y aprovechando las facilidades crediticias del momento, Grecia había conseguido duplicar en 10 años su gasto público. Para poder endeudarse había contado con la inestimable ayuda de la banca de inversión Goldman Sachs que, a cambio de un suculento contrato, consiguió que los bonos griegos fueran bien valorados por las agencias de rating empleando técnicas similares a las usadas para blanquear los créditos subprime en Estados Unidos (y con los mismos resultados que allí).

La fiesta griega terminó en 2009, momento en que el primer ministro Karamanlis se vio envuelto en un escándalo de corrupción con los monjes del monasterio de Vatopedi (y esto sí que es una historia), y su sucesor Papandreu se vio obligado a reconocer que la situación no era exactamente tal y como habían contado hasta entonces. En ese momento los bonos griegos habían pasado a ser basura y Grecia debía algo así como 1 billón de euros, lo que suponía algo así como 215.000 € por cada griego con empleo.

A partir de aquí, unos cuantos conceptos básicos. Aunque resulte muy gratificante echar a los demás las culpas propias, ni Alemania, ni la Comisión Europea, ni el FMI, ni el BCE (ni la Alemania nazi, como llegó a decir Tsipras) son los culpables de la ruina griega. Intentar detener la hemorragia de dinero público no es un “austericidio”, sino un intento de evitar que el paciente se desangre. No existen, como acaba de decir Iñigo Errejón, unas élites financieras asustadas que intentan sabotear el ilusionante proyecto de Syriza. Ah, y los “hombres de negro” de la Troika no son las SS, como ha afirmado aún más toscamente Juan Carlos Monedero.

Entendamos más bien que asistimos al espectáculo de unos irresponsables que practicaron (y aún practican) la creencia en la ilimitación del gasto público, a lo que se suma ahora la irresponsabilidad aún mayor de sembrar el odio señalando enemigos ficticios – oscuras conspiraciones, élites irremediablemente malvadas – a los que podamos culpabilizar de nuestros fracasos. La práctica de ambas irresponsabilidades produce sin duda satisfacciones momentáneas, pero condena a la sociedad a la bien contrastada estrategia de los lemmings.

Adenda del 09/07/2015. No se pierdan esta entrevista al escritor de novela negra Petros Márkaris.

martes, 23 de junio de 2015

POR IMPERATIVO LEGAL

Fernando Navarro. Publicado en Diario de Mallorca 23/06/2015

Prometo “por imperativo legal” y “sin renunciar a los valores republicanos”; “por la justicia social, la igualdad y en defensa de una educación pública, laica y en catalán”; con “fidelidad al pueblo de Menorca”; “hasta que esta democracia secuestrada por las élites económicas sea digna a (sic) su nombre”.

La ley orgánica de régimen electoral general exige, para adquirir la plena condición de tales, que los diputados juren o prometan acatar la Constitución. No es una exigencia exagerada, teniendo en cuenta que la propia existencia de aquéllos deriva de ésta. Lo del “imperativo legal” no es una novedad: lo inventaron los diputados de Herri Batasuna en las elecciones generales de 1989 para evidenciar el repelús que les producía la Constitución y en general todo lo relacionado con España. El socialista Jordi Solé Turá defendió que la fórmula propuesta por los proetarras equivalía a decir “prometo por la fuerza y con reservas”, y Félix Pons, entonces presidente en funciones del Congreso, anunció que no la consideraría válida. Sin embargo el Tribunal Constitucional, entendiendo que los argumentos jurídicos no tienen que moverse en la órbita de lo racional, acabó aceptándola. Y ahora otros parlamentarios a los que la Constitución también parece provocar sarpullidos han decidido adoptarla aunque, como heraldos de la edad dorada que se avecina, la han adornado con vistosos añadidos.

La diputada de Podem Laura Camargo prometió acatar la Constitución —por imperativo legal y tal— “hasta que se abran procesos constituyentes populares y las leyes estén al servicio de la gente y no de las élites”. Todo el que lo busque en google comprobará que “proceso constituyente” es un término de moda en una parte determinada del espectro político. Se refiere a un cambio de régimen, a una alteración profunda de las reglas de juego, como el que hubo en España entre 1977 y 1979. Se llamó Transición y supuso el paso de una dictadura a una democracia, aunque no todos lo ven así. En realidad los dirigentes de Podemos parecen considerar el régimen del 78 —como ellos lo llaman— una continuación del franquismo por otros medios: “una operación en la que los sectores dominantes de la dictadura franquista cedieron una parte de su poder para no ceder en lo fundamental” (Errejón). Por eso pretenden iniciar “un proceso constituyente para abrir el candado del 78” (Iglesias) “desde abajo, sin padres de la Constitución solventando problemas en restaurantes secretos” (Monedero). Ninguno parece entender que la Constitución es la garantía de las libertades del ciudadano, y que el “cerrojo” es sencillamente una garantía de estabilidad, entre otras cosas frente a las tentaciones populistas. Un nuevo proceso constituyente debería alarmarnos, pues podría suponer, sencillamente, el tránsito de una democracia a otra cosa diferente, tal vez una de esas democracias adjetivadas -como “democracia popular”- en las que el adjetivo acaba disolviendo el sustantivo.

En cualquier caso, dado que el proceso constituyente se propone acabar con la Constitución, la promesa de Laura Camargo equivale a “prometo acatar la Constitución hasta que consigamos cargárnosla”, o bien “prometo ser fiel hasta que me acueste con otra persona”. Para eso habría sido más gracioso que hubieran dicho “proneto”, como los niños pequeños cuando quieren eludir comprometerse. O que hubieran jurado con los dedos cruzados a la espalda.

martes, 16 de junio de 2015

COMO ACABAR DE UNA VEZ POR TODAS CON LA CULTURA

Publicado en El Mundo/El Día de Baleares, 16/06/2015

EN 1971 Woody Allen publicó una colección de ensayos y relatos breves humorísticos, muchos de los cuales habían aparecido previamente en The New Yorker. El título original era Getting even, algo así como «Ajustando cuentas», pero la edición española le proporcionó el curioso título de «Cómo acabar de una vez por todas con la cultura». Ahora, más de 40 años después, el econacionalista (o viceversa) Biel Barceló, que se lo ha tomado más en serio que Allen, parece haber descubierto quién es realmente el que está a punto de despachar definitivamente la cultura: el partido Ciudadanos.

«Ciudadanos son muy peligrosos desde el punto de vista cultural, lingüístico, etcétera», dijo en IB3 Radio. Es difícil imaginarse, digamos, a Xavier Pericay enarbolando enajenado una antorcha para quemar libros, o destruyendo con furia iconoclasta obras de arte armado de un mazo, y cabe sospechar que el problema está más bien en la visión de Biel Barceló. En realidad, se refería «especialmente» a Ciudadanos en Valencia, y cabe suponer que el grave peligro denunciado deriva de los esfuerzos de este partido por evitar que la fuerza pancatalanista Compromís llegue a alcanzar el poder en esa comunidad. Todo parece indicar que para Barceló, Compromís encarna la cultura en Valencia, del mismo modo que Més representa la cultura en Baleares, quizás porque entiende que en ambos casos está hablando de lo mismo.

En el programa electoral de Més la palabra cultura aparece nada menos que 91 veces, seguida de cerca por catalán/catalana (76 veces). En cambio libertad sólo aparece tres veces y de forma tangencial, como por ejemplo para apoyar la derogación de la Ley de Símbolos. En algunas partes del programa la cultura se compartimenta (Promourem la difusió de les creacions i produccions culturals femenines; Promourem i donarem suport als estudis que aportin propostes per superar l’androcentrisme i el sexisme en l’àmbit de la cultura). En otras se extiende hacia campos francamente discutibles (Alliberarem parets municipals perquè joves grafiters hi puguin expressar el seu art sense por de ser sancionats) En otras, en fin, el concepto se estira hasta quedar irreconocible (És imprescindible abandonar la cultura de la propietat privada que ha estat potenciada pels governs autonòmics fins ara i redirigir-la cap a la cultura del lloguer).

Pero todo parece indicar que para Més cultura equivale, en efecto, a lengua catalana: «Ens adherim a una política valenta que garanteixi als ciutadans de les Illes Balears, sigui quina sigui la seva procedència, viure plenament en català». Lo cual no resulta extraño, pues la visión nacionalista es la de un jardinero –frecuentemente Mr. Chance– para el que los territorios deben ser parterres bien ordenados, uniformes y sin discordancias, reduciendo a aquellos que no encajan en su obsesiva visión a la condición de malas hierbas. Esto queda muy claro en un ominoso párrafo del programa: «El català, porta d’entrada a la ciutadania. La política lingüística ha de garantir els drets lingüístics de tots els ciutadans: dels autòctons a no ser discriminats per raó d’idioma i a poder viure plenament en la llengua el territori, i dels al.lòctons a aprendre el català, que ha de ser la seva porta d’entrada a la igualtat d’oportunitats».

Así que ya saben los alóctonos que no serán considerados ciudadanos, ni tendrán acceso a la igualdad de oportunidades, hasta que acepten el bautizo cultural de Biel Barceló. Bautizo por inmersión, desde luego. O por ahogadilla.

Fernando Navarro es número 3 de la lista de Ciudadanos al Parlament.